ICE está haciendo revisiones en carreteras.

Activistas advirtieron los agentes de inmigración han comenzado a revisar documentos de pasajeros en autobuses públicos.

A mediados de 2017 agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comenzaron a abordar autobuses públicos para revisar la documentación de sus pasajeros en busca de migrantes indocumentados.

Ya son varios los casos registrados. Uno de los testimonios, es el de una mujer colombiana residente de Maryland que tomaba unas vacaciones en Miami con sus dos hijas, cuando agentes de inmigración subieron al autobús donde viajaba y le pidieron que mostrara sus documentos.

“Estábamos sentadas esperando que arrancara cuando se subieron al bus varios como agentes fronterizos y me pidieron identificación y de mis hijas. Les di los pasaportes y se dieron cuenta que nuestras visas ya estaban vencidas así que nos hicieron bajar del bus con todo y maletas”, narró la mujer a MundoHispánico.

“Eso fue horrible, el peor día de mi vida, nos llevaron a una oficina me hicieron muchas preguntas. Al día siguiente nos dejaron salir, pero me dijeron que tenía que presentarme sola en ocho días ante un agente de ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) para que me pusiera un grillete”, aseguró.

Asimismo, hace algunos meses “Conexión Migrante” denunció el caso de Deyvid Morales, un joven dreamer que se viajaba a Louisiana a estudiar para ser ministro o pastor.

Compró un boleto de autobús en Utah y su vida dio un giro de 180 grados. En el camino, el camión de la compañía Greyhound se detuvo en una gasolinera y permitió que agentes de inmigración subieran para pedir documentos a los pasajeros.

Deyvid sabía lo que podía suceder, pero tampoco estaba dispuesto a mentir. “Les dije que era de México y me bajaron para interrogarme. En 15 minutos me detuvieron, me arrestaron y perdí todo”.

Lo llevaron a un Centro de Detención en Louisiana y estuvo ahí 17 días. Su familia pago los 4 mil dólares de fianza, y ya en Utah su oficial de Inimigración determinó un arresto domiciliario de un año tres meses.