Se agrava denuncia de drogar a niños sin consentimiento de los padres.
La nueva denuncia del Texas Tribune da escalofríos: el psiquiatra que dabadrogas psicotrópicas a los niños del Centro de Tratamiento Shiloh al sur de Houston, hace años que perdió su certificación.
POR EDUARDO ALEGRIA
De acuerdo al reportaje de ese diario, el sitio web de la Junta Médica de Texas dice que el psiquiatra Dr. Javier Ruíz-Nazario que trata a niños en esa instalación aún no ha actualizado su certificación, según lo requieren sus normas.
La comunidad ha quedado conmocionada con esta nueva revelación. La gente aún no se reponía de la denuncia hecha hace unas semana por el diario Huffington Post de que en varios centros de reclusión donde están los niños separados de su padres, se les da drogas psicotrópicas sin consentimiento de sus padres.
La denuncia mencionó que se identificaron 7 drogas que les daban a los menores: Clonazepam, Duloxetina, Guanfacina, Geodon, Olanzapina, Latuda y Divalproex. Son medicamentos utilizados para controlar la depresión, la ansiedad, el trastorno por déficit de atención, el trastorno bipolar, los trastornos del estado de ánimo, la esquizofrenia y las convulsiones.
El lunes The Texas Tribune sacudió al mundo con la noticia -según registros judiciales- de que el médico que ha estado prescribiendo los poderosos medicamentos ha practicado sin certificación de la junta para tratar a niños y adolescentes durante casi una década.
El diario aclaró que en el sitio web de la Junta Médica de Texas, el Dr. Javier Ruíz-Nazario informó que tenía esa certificación especializada para tratar a niños y adolescentes. Sin embargo, según el sitio web, aún no ha actualizado la junta sobre el estado de esta certificación de la junta como lo requieren sus reglas.
El reporte The Texas Tribune dice que “el nombre de Ruíz-Nazario aparece en varios documentos judiciales que alegan prácticas problemáticas en el Centro de Tratamiento Shiloh al sur de Houston, incluyendo declaraciones juradas en movimientos de conciliación en los que los niños afirman que fueron abordados e inyectados y obligados a tomar píldoras identificadas como vitaminas que los hicieron mareado y somnoliento. Muchos de los registros nombran específicamente a Ruíz-Nazario como el médico que prescribió el medicamento”.
El reportaje también sostiene que “mantener la certificación requiere educación continua y un nuevo examen. El gobierno federal ya no exige que los psiquiatras que atienden a niños en los refugios contratados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados sean certificados por la junta.Sin embargo, los funcionarios federales le han dicho a un juez federal que los medicamentos se recetan a los niños en Shiloh por un psiquiatra certificado por la junta para tratarlos, según los registros revisados por Reveal”.
La denuncia del Huffington Post
El miércoles pasado el Huffington Post reveló que “niños migrantes eran drogados sin consentimiento en centros gubernamentales, de acuerdo a documentos de la Corte”. “El personal que trabaja en nombre de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) está drogando rutinariamente a niños migrantes detenidos con psicotrópicos sin el consentimiento de sus padres, según documentos legales”, afirmó el diario.
“Las acusaciones de drogodependencia se encuentran entre las más inquietantes. Un niño citado en la demanda informó que tomó hasta nueve píldoras por la mañana y otras siete por la noche, sin saber cuál era el medicamento”, dice el diario y agrega citando un memorando presentado en la demanda el 16 de abril: "La ORR administra rutinariamente medicamentos psicotrópicos para niños sin autorización legal. Cuando los jóvenes se oponen a tomar tales medicamentos, ORR los obliga. ORR no requiere ni pide el consentimiento de un padre antes de medicar a un niño, ni busca la autoridad legal para consentir en lugar de los padres. En cambio, ORR o el personal del establecimiento firman formularios de ‘consentimiento’ ungiéndose a sí mismos con ‘autoridad’ para administrar drogas psicotrópicas a niños confinados".
Huffington Post dice que la mayoría de las denuncias se centran en el Centro de Tratamiento Residencial Shiloh, en Manvel, Texas. Pero los abogados del caso Flores, que tienen acceso a los registros médicos de sus clientes, dicen que el problema es generalizado.
"No es específico de Shiloh", dijo Holly Cooper, una de los abogados que representan a niños en el litigio del acuerdo de Flores, sobre las acusaciones de drogodependencia. Los abogados han visto el uso de medicamentos psicotrópicos en todas las instalaciones donde el gobierno federal tiene menores no acompañados, pero señalaron que los únicos casos de inyecciones forzadas que documentaron ocurrieron en Shiloh.
Testimonios de terror
Huffington Post reveló el siguiente testimonio: “ un niño, identificado en los registros judiciales como Julio Z., dijo que el personal de Shiloh lo arrojó al piso y lo obligó a tomar medicamentos. Dijo que presenció al personal abrir la boca de otro niño para obligarlo a tragar una pastilla. Cuando Julio Z. intentó rechazar la medicación, dijo que el doctor lo ignoró. ‘Me dijeron que si no tomaba el medicamento no podía irme’, dijo Julio Z. según los registros judiciales”.
También este otro testimonio: "A veces me dan inyecciones forzadas", dijo otra niña, identificada como Rosa L. "Uno o dos empleados sostienen mis brazos, y la enfermera me da una inyección".
El reportaje revela que los medicamentos a menudo vienen con efectos secundarios graves. “Julio Z. informó que ganó 45 libras en cuestión de dos meses. La madre de un niño identificado en los registros judiciales como Isabella M. dijo que los medicamentos eran tan poderosos que su hija se cayó repetidamente porque no podía caminar”, dice el reportaje.
Huffington Post dice que ShilohResidentialTreatment Center se negó a comentar sobre las acusaciones, refiriéndolos a la ORR, pero la agencia no respondió de inmediato a llamadas o correos electrónicos solicitando comentarios.
El diario asegura que los abogados de varios niños les han dicho que “emitir medicamentos tan poderosos sin el consentimiento de los padres viola la ley estatal de Texas, los términos del acuerdo de Flores y la "decencia común".
Huffington Post entrevistó al Luis Zayas, Decano de Trabajo Social de la Universidad Texas, quien ha tratado a docenas de niños en centros de detención familiar.Zayas le dijo al HuffPost que identificó las siete píldoras nombradas en las presentaciones judiciales: Clonazepam, Duloxetina, Guanfacina, Geodon, Olanzapina, Latuda y Divalproex./
El reportaje termina recordando que el Centro de Tratamiento Residencial Shiloh ha sido criticado en el pasado, desde 2011, por denuncias de mala conducta grave, incluida la medicación violenta y el uso injustificado de restricciones físicas. Pero el refugio con fines de lucro ha continuado funcionando y todavía alberga a niños migrantes. Shiloh tenía 20 menores no acompañados bajo su cuidado en mayo pasado, según el Texas Tribune.
Maltrato a niños separados de sus familias
¿Crimen de lesa humanidad?
En las redes sociales consideran que el gobierno podría caer en esta categoría por su trato a los menores detenidos en la frontera.
El diccionario Wikipedia dice que es crimen de lesa humanidad —o contra la humanidad— según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, todo aquel acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, la desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid u otro acto inhumano de carácter similar que cause intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.