Mientras Kavanaugh decide sobre detenciones.

Acepta plan para familias de inmigrantes separados que podría ayudarles a quedarse en EEUU. Con el acuerdo, las familias podrían tener la opción de aplicar por asilo.

Este miércoles un juez federal firmó un acuerdo preliminar bajo el cual el gobierno del presidente Donald Trump está obligado a reconsiderar cientos de peticiones de asilo de familias que fueron separadas en la frontera, mayormente bajo su política de “cero tolerancia”.

El juez Dana Sabraw, quien preside el litigio en una corte de San Diego (California), calificó hoy de “excelente” el acuerdo alcanzado por abogados del gobierno y de las familias afectadas en tres demandas colectivas.

El acuerdo, aún pendiente de una audiencia final en noviembre, establece que se deberá dar otra oportunidad tanto a padres como menores para que sus peticiones de asilo u otras protecciones contra la deportación sean evaluadas.

Los padres con un orden de deportación, bajo libertad condicional o recluidos, tendrán una nueva entrevista ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) para determinar si existe “miedo creíble” de persecución.

Los niños que ya fueron reunificados con sus padres en detención, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) deberá utilizar su discreción para cancelar cualquier orden de presentación o detener cualquier proceso migratorio para que la solicitud de asilo de la familia sea reconsiderada.

El primer caso de Kavanaugh en el supremo. Papa caliente

Su decisión podría afectar a miles de inmigrantes porque se les podría negar fianza.

Este miércoles acogió la primera audiencia sobre una disputa acerca de los derechos de los inmigrantes privados de libertad durante el proceso de su deportación en base a una demanda colectiva de afectados contra el Gobierno.

En estos momentos las autoridades están haciendo una interpretación de una ley de 1996, que para activistas resulta en una burda violación del proceso establecido para miles de inmigrantes.

En base a esa norma, los inmigrantes con un cierto historial criminal y que ya han cumplido una pena de prisión pueden ser detenidos de nuevo mientras se completa su deportación, debido -supuestamente- a riesgos de fuga y de peligro para la sociedad.

La disputa parte de que el Ejecutivo ha llevado a cabo esos arrestos de inmigrantes cuando algunos llevaban años en libertad tras haber cumplido su condena, además de estar reintegrados en la comunidad y vivir legalmente en el país.