Empieza en diciembre y no será considerado “carga pública”.
La inscripción al programa comenzará en diciembre, con la opción de solicitar una cobertura retroactiva que cubrirá las facturas de atención médica de varios años anteriores. Los elegibles pueden presentar su solicitud a través del sitio web estatal y los centros de llamadas.
De acuerdo a un reportaje de Journal Star, los promotores de la ley que debe regularizarse en las próximas semanas, se espera que entre 400 y 2,000 personas se inscriban en el programa, que fue parte del presupuesto estatal aprobado esta primavera.
Illinois es el primer estado en financiar por completo este tipo de programa de cobertura de salud para personas mayores inmigrantes no ciudadanas, según Hayley Burgess del Centro Nacional de Leyes de Inmigración.
Actualmente, los indocumentados reciben atención médica básica en el hospital John Stroger gracias a CareLink, un programa del condado que ayuda a brindar atención médica gratuita o de bajo costo a los pacientes en cualquier centro de salud del condado de Cook. Aunque cubre muchos gastos, no cubre toda la atención preventiva o los costosos tratamientos a largo plazo.
Es por eso que el programa similar a Medicaid que entrará en vigor en diciembre les da algo de esperanza.
El reportaje de Journal Star destaca las declaraciones de la representante Delia Ramirez, D -Chicago, quien dijo que el programa fue promovido por el Caucus Legislativo Latino de Illinois, en respuesta a datos que muestran que las personas mayores sin seguro que contrajeron COVID-19 podrían correr el riesgo de complicaciones más graves por el coronavirus, incurriendo en facturas médicas más costosas que el estado terminaría pagando.
Journal Star también entrevistó a Evan Fazio, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Familiares de Illinois, quien dijo que se espera que la expansión cueste al estado $5 millones. Igualmente entrevistó a Andrea Kovach, abogada principal del Shriver Center on Poverty Law, quien sostuvo que esa es una pequeña cantidad en comparación con las contribuciones fiscales del grupo cubierto, dicen los defensores ya que un estudio de 2017 encontró que los residentes de Illinois sin estatus migratorio legal contribuyeron con más de $758 millones al año en impuestos estatales y locales. Kovach trabajó con los patrocinadores del proyecto de ley.
Journal Star apuntó las declaraciones de , dijo Guzmán quien dice que debido a que el programa está financiado por el estado, no está sujeto a lo que se conoce como la regla de carga pública, que permite que las autoridades federales que consideren las solicitudes de estatus migratorio legalizado tomen en cuenta si alguien ha recibido beneficios de asistencia social federales.