Estados podrán demandar a indocumentados por robo de identidad.

El fallo es una victoria para el gobierno de Trump. Afecta a todas las personas que usan números de seguridad social robados o falsos para obtener empleos.

Pero ojo, depende de cada Estado aplicar el rigor de la ley. En Illinois, el Gobernador J.B. Priztker ha manifestado reiteradas veces que no actuará contra la comunidad indocumentada y por el contrario su administración los protegerá de la política anti-inmigratoria del gobierno federal. Por lo tanto, no habría consecuencias negativas para estas personas

Lo que ocurrió este martes, es que, según reportó CNN, la Corte Suprema falló contra un inmigrante indocumentado en Kansas y sostuvo que un estado podría condenarlo por robo de identidad sin interferir con la ley federal de inmigración.

“La decisión, que quedó 5-4 con los cinco conservadores del tribunal como mayoría, alentará a los estados que quieran desempeñar un papel más activo en hacer cumplir las normas de inmigración a usar leyes de identidad y estatutos similares para apuntar contra los trabajadores indocumentados”, dice el despacho de CNN.

El caso exploró la tensión entre el gobierno federal y los estados cuando se trata de hacer cumplir asuntos relacionados con la inmigración. Se refiere a personas indocumentadas que usaron números de seguridad social robados o falsos en un intento por obtener empleos, y que fueron procesadas ​​bajo las leyes estatales de robo de identidad.

Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema para CNN y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, dijo que “este fallo destaca una creciente tensión frente a lo que los estados pueden y no pueden hacer para ayudar en la aplicación de las leyes federales de inmigración, con algunos estados intentando tomar medidas cada vez más agresivas para complementar las reglas federales, mientras otros intentan acciones cada vez más agresivas para no cooperar con las autoridades federales. En algún momento, los jueces tendrán que lidiar con esa tensión, pero hay poco de eso en el fallo de hoy”.

El juez Stephen Breyer, con el respaldo de los jueces Elena Kagan, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, escribió en su oposición que la decisión “abre un vacío legal colosal”.

“Empezar un nuevo trabajo casi siempre implica completar formularios de retención de impuestos junto con un formulario I-9. Entonces, a menos de que quieran entregarse, las personas que esperan ocultar a su empleador el estatus real de autorización federal de trabajo que tienen pondrán la misma información falsa en sus formularios de retención de impuestos como lo hacen en su I-9 “, escribió Breyer.

“Dejar que los estados procesen a esas personas por lo primero es, en el efecto práctico, dejar que los estados vigilen lo último. Y justo vigilar lo último es lo que (la ley federal) prohíbe expresamente”, añadió.

CNN sostiene que el fallo se produce cuando algunos estados liderados por republicanos presionan por procesos judiciales más estrictos en temas de inmigración y por un mayor papel en la aplicación de las leyes relacionadas. Sin embargo, también podría afectar el debate sobre las ciudades santuario y las jurisdicciones locales con políticas establecidas para limitar la cooperación con el gobierno federal.

El caso que motivó todo

CNN hizo un recuento del caso que motivó el fallo de la Corte Suprema. Es el siguiente:

Ramiro García, un inmigrante indocumentado, usó el número de seguro social de otra persona para conseguir un trabajo en un restaurante. Después de que se descubrió que había trabajado ilegalmente, fue condenado en virtud de una ley estatal de robo de identidad.

Pero los abogados de García impugnaron la condena, argumentando que no podía ser condenado bajo la norma estatal porque ésta es precedida por la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986, que es federal y que establece un marco para la regulación del empleo de inmigrantes indocumentados. Según dicha ley, un empleado debe presentar documentos que establezcan la autorización de trabajo y un empleador debe dar fe del estatus de su empleado.

“Si bien Kansas puede procesar una amplia gama de delitos”, le dijo un abogado de García a los jueces, “lo que Kansas podría no hacer es tener su propia política de inmigración individual y delitos de inmigración”.

La Corte Suprema de Kansas desestimó la condena de García, y la de otros dos individuos, sosteniendo que la acusación estatal, basada en parte en información de un formulario federal, no podía desarrollarse porque la ley estatal se entrometió en un área regida por la ley federal.

Entonces Kansas interpuso su recurso de impugnación ante la Corte Suprema de EE.UU., argumentando que si bien su acusación se basó en información disponible en formularios federales, esa misma información se había presentado al estado. También señaló que no estaba interfiriendo con el gobierno federal, sino que hacía cumplir su propia regulación de robo de identidad.

“No estamos apuntando a las personas por su estatus”, argumentó un abogado de Kansas en la corte. “Estamos haciendo cumplir nuestras leyes de robo de identidad laboral, y no queremos dar una excepción especial a las personas debido a su estatus”, añadió.

El estado dijo que la opinión del tribunal anterior se extendió demasiado, infringiendo los derechos de los estados de hacer cumplir sus leyes y que la opinión “desafía el sentido común” y podría conducir a “serias preguntas constitucionales sobre el alcance del poder del Congreso para anular el amplio poder tradicional de los estados para promulgar leyes penales”, incluyendo aquellas que penalizan el robo de identidad.

Significativamente, el gobierno federal está del lado de Kansas en el caso, señalando que la ley federal y la ley estatal en cuestión no están en conflicto y que el tribunal anterior ignoró el hecho de que la acusación estatal podría haber avanzado sin depender de formularios federales. En resumen, el procurador general Noel Francisco dijo que la opinión de la corte inferior “plantea preocupaciones sobre el federalismo” y “produce resultados insostenibles” al impedir que un estado haga cumplir los procesos y acusaciones por amenazas de robo de identidad.

Un grupo de especialistas en derecho de inmigración y laboral estaba del lado de García, argumentando que la ley federal confiere al gobierno federal “el control sobre la documentación que puede usarse para demostrar la autorización para trabajar en los Estados Unidos”.

“Permitir que el estado imponga sanciones adicionales y diferentes, incluidas las que tienen consecuencias de inmigración, está en conflicto con el esquema de aplicación federal”, argumentaron.