ICE ARRESTA A NIÑA DE 10 AÑOS QUE IBA EN AMBULANCIA

El colmo de la insensibilidad. 

Rosamaria Hernández, quien fue traída ilegalmente a la frontera para vivir en Laredo, Texas, cuando tenía tres meses de edad, estaba siendo trasladada de un centro médico en Laredo a un hospital en Corpus Christi.

De acuerdo al The New York Times, eran alrededor de las 2am del martes cuando agentes de la patrulla froteriza detuvieron la ambulancia en la que viajaba. Los agentes le permitieron continuar al DriscollChildren's Hospital, dijo la familia, pero siguieron a la ambulancia el resto del camino hasta allí, y esperaron fuera de su habitación hasta que le dieron de alta del hospital.

El reporte del Times dice que para la noche del miércoles, según miembros de la familia y defensores involucrados en su caso, los agentes de inmigración la habían llevado a un centro en San Antonio donde están detenidos los niños migrantes que llegan solos a Estados Unidos desde América Central. Sus padres, ambos carecen de estatus legal, viven a 150 millas de distancia en Laredo.

The New York Times dice en el artículo que la detención de esta niña en ese centro destacó las circunstancias inusuales de su caso. “El gobierno federal mantiene centros de detención para inmigrantes adultos que planea deportar, instalaciones para familias que llegan juntas a la frontera y albergues para niños que vienen por sí mismos, conocidos como menores no acompañados. Pero es raro, si no inaudito, que un niño que ya vive en los Estados Unidos sea arrestado, particularmente uno con una condición médica grave”, dice la nota.

“Rosamaria, tiene parálisis cerebral, fue traída ilegalmente a la frontera para vivir en Laredo, Texas, cuando tenía tres meses.La prima de Rosamaria, Aurora Cantu, ciudadana estadounidense que viajaba con ella en la ambulancia y la acompañó al hospital, le dijo a la madre de Rosamaria y a otras personas que trabajaban en el caso que los agentes habían intentado primero convencer a la familia para que aceptara la niña transferida a un hospital mexicano, presionando a la familia para que firme un formulario de partida voluntaria para ella. Se rehusaron a hacerlo”, agrega el reportaje.

También sostiene la nota que “todo el tiempo que Rosamaria estuvo en cirugía y luego en recuperación, varios agentes armados de la Patrulla Fronteriza se pararon frente a su habitación del hospital, dijo la familia.Su madre, Felipa de la Cruz, de 39 años, dijo en una entrevista que su familia se había mudado a Texas desde Nuevo Laredo, la ciudad de México justo al otro lado de la frontera de Laredo, cuando su hija aún era un bebé, esperando obtener un mejor tratamiento para su parálisis cerebral”.

“No habían podido pagar sus terapias en México, dijo, pero en Texas, Medicaid pagó por el tratamiento de su hija, que incluyó visitas domiciliarias de terapeutas. ‘Soy una madre. Todo lo que quería era que ella se hiciera la cirugía que necesitaba’, dijo la Sra. De la Cruz. ‘Nunca se me pasó por la mente que algo de lo que está sucediendo en este momento podría suceder. Cuando eres madre, lo único que te importa es tu hijo’, agregó a The New York Times.

Los reporteros del Times dicen en la historia que “los doctores de Rosamaria recomendaron que sea dada de alta a un pariente por su enfermedad, dijo Alma Ruiz, abogada de San Antonio que es parte de un equipo que representa a la familia. Pero la agencia de inmigración aún no ha dado su consentimiento para liberarla. ‘Entiendo que C.B.P. tiene un tremendo deber de proteger a nuestra nación’, dijo en un comunicado, refiriéndose a Aduanas y Protección Fronteriza, ‘pero deberíamos dedicar nuestros recursos y centrarnos en amenazas más grandes’”, dice el reportaje.

El Times también cita que trataron de ubicar a un vocero de la agencia que supervisa a la Patrulla Fronteriza, pero nadie respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles por la noche.

La que sí respondió al Times fue Priscila Martínez, una activista de inmigración del WorkersDefenseActionFund, que está ayudando a planificar mítines para Rosamaria en Laredo y Corpus Christi. Ella le dijo al diario que "el hecho de que gastaron tanto tiempo y recursos para seguir a esta niña, para tratarla como si fuera el criminal de más alta prioridad que alguna vez caminó en esta tierra, la forma en que la están tratando es más allá de lo que hace 10 años. Los niños con necesidades especiales deben ser tratados", dijo.

El diario newyorkino se sostuvo “el caso de Rosamaria es quizás el ejemplo más extremo en la memoria reciente de un dilema que acecha inmigrantes no autorizados que viven en el Valle del Río Grande, al sur de los puestos de control de la Patrulla Fronteriza: obtener atención médica especializada a menudo requiere ir a médicos y hospitales más al norte, pero cruzar el los puntos de control podrían significar detención y deportación.