4 de Octubre del 2024

“Soñadores” entre la justicia y la politequería

La pesadilla no termina.

Se sigue jugando con la esperanza de los jóvenes Dreamers tras la decisión del juez que ordena al gobierno aceptar nuevas peticiones de DACA, pues la orden no es definitiva… Lo único definitivo es la orden para que ICE arreste y deporte indocumentados.

POR EDUARDO ALEGRIA

Esta semana muchos saltaron de alegría tras la decisión tomada por un juez federal, el tercero que dictamina a favor de DACA, cuando el martes ordenó al gobierno que continúe con el programa DACA y acepte nuevos solicitantes. Pero enseguida abogados y activistas llamaron a la calma pues no hay motivo aún para saltar y balar porque ese mismo juez da 90 días a la administración Trump para que justifique por qué terminó DACA.

Si en los próximos 90 días el gobierno no puede dar "razones más sólidas" deberá comenzar a aceptar nuevas peticiones. Mientras tanto, los jóvenes seguirán en el limbo.

Para muchos analistas, esto es cruel. Se ilusiona a los jóvenes con una decisión que abre una puerta pero al mismo tiempo deja abierta la amenaza para que se vuelva a cerrar.

Es verdad que este ya es el tercer magistrado que decide a favor de DACA, y mucho consideran que es el golpe más duro a los intentos del gobierno de Donald Trump por terminar con este beneficio porque, no solo sostiene su vigencia sino que ordenará aceptar nuevos inscritos.

 

Detalles

En la decisión de este martes, el juez federal John Bates (del Distrito de Columbia) calificó el acto de poner fin a la Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) como algo "injustificado (...) arbitrario y caprichoso" y por lo tanto "es ilegal y debe ser anulada".

"El argumento legal virtualmente no fue explicado y, por tanto, no puede justificar la decisión de la agencia", se lee en el documento en referencia al Departamento de Seguridad Nacional (DHS)."Por estas razones, el fin de DACA fue ilegal y tiene que interrumpirse por ahora", añade la decisión.

Sin embargo, el juez da un plazo de 90 días para permitir que la administración Trump proporcione una razón más sólida para finalizar el programa. " La corte aplaza su orden por 90 días para permitir al Departamento de Seguridad Nacional la oportunidad de explicar mejor su punto de vista de que DACA es ilegal".

La decisión del juez se produce como respuesta a la demanda establecida por la dreamer María Perales junto a la Universidad de Princeton y Microsoft. La denuncia se presentó en noviembre de 2017 argumentando que la cancelación del programa violaba la Quinta Enmienda de la Constitución que garantiza que la ley debe proteger a todos por igual.

El magistrado Bates apuntó que los tribunales tienen la autoridad para revisar la interpretación de la ley de una agencia, en este caso DHS. Agregó que la argumentación legal presentada por el gobierno para finalizar DACA “era prácticamente inexplicable, por lo que no puede respaldar la decisión de la agencia”.

 

Réplica

Como era de esperarse el Departamento de Justicia ha saltado hasta el techo y ha condenado la decisión de este juez diciendo que los beneficiados con los criminales indocumentados.

En una declaración, el Departamento de Justicia defendió su decisión de eliminar el programa, como parte de sus esfuerzos por proteger las fronteras y aplicar las leyes migratorias.

“La orden de hoy no cambia la posición del Departamento de Justicia sobre los hechos: DACA fue implementado unilateralmente después de que el Congreso declinó extender beneficios a ese mismo grupo de inmigrantes ilegales. El Departamento de Justicia seguirá defendiendo vehementemente su posición”, dijo el portavoz Devin

 

Aclaración

El gobierno de Trump sigue procesando solicitudes de renovación de DACA y el trámite demora 120 días en promedio, recuerdan los activistas de los Dreamers.

Si bien DACA se mantiene vivo por orden de estos tres tribunales, la USCIS, agencia encargada de recibir y procesar las solicitudes de renovación, reitera que el programa “es una determinación discrecional para diferir la acción de deportar a una persona como un acto de discreción procesal”.

“Además, DACA no confiere estatus migratorio legal a una persona y podría ser cancelada en cualquier momento, con o sin una Notificación de Intención de Cancelación, a discreción del DHS”, advierte.

Y previene que, si un Dreamer “no ha sido convicto de un delito grave, un delito menor significativo o tres o más delitos menores, o no es de alguna otra forma una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública”, califica para renovar DACA. De lo contrario, la agencia rechazará la solicitud y el soñador se quedará sin las protecciones del programa.

Un delito grave puede ser posesión de droga y la persona fue declarada culpable de posesión de droga, se advirtió. Toda falta relacionada con droga es un delito grave para el servicio de inmigración.

En cuanto al delito menos significativo, el más común de todos es el DUI, uno de los “pecados capitales” que los inmigrantes no deben cometer.

 

EN HAMPTON, INDIANA

Otra redada

Los indocumentados habían hecho un alto en sus labores de construcción para almorzar, cuando llegó ICE.

Llegaron en camionetas negras con lunas polarizadas y sin membretes. Se estacionaron a una cuadra de la construcción y de pronto los agentes empezaron a moverse sigilosamente hasta donde se encontraba un grupo de trabajadores que, despreocupados, estaban almorzando sentados en el jardín de la edificación.

Eran como las 12 y 30 del mediodía cerca de la calle 44 y la avenida Prairie en Highland, Indiana.

La justificación, de acuerdo a Shawn Neudauer, vocero de ICE, estaban detrás de un indocumentado acusado de violación sexual. Un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional de Aplicación de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, que estaba trabajando como parte de la Fuerza de Tarea Regional de Fugitivos de Marshals Great Lakes, fue el que lo localizó en esa construcción.

El individuo, que fue arrestado por acusaciones de no registrarse como “delincuente sexual"se encontró con otras siete personas, dijo el ICE. Esas siete personas fueron arrestadas por violaciones de inmigración.De los ocho, uno ya ha sido liberado porque ya estaba en proceso de deportación, según ICE. Los otros permanecen bajo custodia a la espera de la resolución de sus casos, dijo Neudauer.

Abogados de inmigración han calificado el hecho de innecesario y exagerado, y critican las redadas de las autoridades federales. "Es un exceso. Se supone que su discreción es muy amplia, ya que es parte del Departamento de Seguridad Nacional, pero es muy injusta", dijo Mayra Rodríguez-Alvarez, abogada de inmigración de Hammond. "También me pregunto si estas personas habrían estado hablando inglés, o si fueran de piel clara, ¿se les habría preguntado su estado migratorio?"

Alfredo Estrada, un abogado de Merrillville especializado en leyes de inmigración, dijo que la orden ejecutiva de Trump de enero de 2017 amplió el número de personas a las que ICE apuntaría para la deportación, esencialmente colocando a todos en igualdad de condiciones, independientemente de si la persona tiene antecedentes penales o no.

La orden le otorga a ICE amplia autoridad para dar prioridad a todos los inmigrantes indocumentados para su arresto y deportación.

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