Alerta a los indocumentados porque han aumentado las estafas de falsos abogados. La Procuradora General Lisa Madigan demandó esta semana a dos mujeres hispanas por proporcionar servicios de inmigración fraudulentos.

Trabajaron en dos esquemas separados, pero el hecho es que estas personas que se hacían pasar por “activistas” y amigas de los indocumentados, estafaron a humildes trabajadores cobrándoles decenas de miles de dólares a inmigrantes que buscaban ayuda con su estado migratorio.

Operaba en Rockford

Una de ellas es Armendina “Dina” Romero, quien operaba en el suburbio de Rockford bajo la modalidad de Notaria y “Especialista en Inmigración”. Ella engatusaba a sus víctimas diciendo que trabajaba con una iglesia como voluntaria ayudando a los indocumentados. En realidad los engañaba luego de asustarlos para quitarles sus dineros.

De acuerdo a la demanda, "Dina" Romero "asesoró a personas sobre asuntos de inmigración, preparó y presentó solicitudes de estatus migratorio legal", aunque no es abogada con licencia, no está empleada por abogados de inmigración y no trabaja para una agencia autorizada para proporcionar servicios de inmigración. Mucho menos se ha registrado en la oficina del fiscal general, como lo exige la ley estatal.

La demanda de Madigan alega que Romero "cobró al menos dos consumidores un total de $ 3,000, excediendo el límite legal establecido por las reglas del Servicio de Inmigración".

La demanda también alega que Romero informó a al menos una persona que trabajaba para una iglesia en la preparación de solicitudes de Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), dando la impresión de que sus servicios eran gratuitos.

Además, la demanda de Madigan alega que Romero violó la ley al no proporcionar contratos escritos para explicar sus servicios o costos y no informar a los consumidores sobre su derecho a cancelar un contrato dentro de las 72 horas o su derecho a que se les devuelvan sus documentos.

Romero ha sido el sujeto de dos quejas archivadas con la oficina del estado AG, registros obtenidos por el Register Star bajo el programa de Freedom of Information Act.En abril de 2015, Romero fue acusada de cobrar $ 600 por asistencia para completar formularios de DACA destinados a permisos de trabajo.

Estafa en el Condado de Cook

La otra mujer demandada por la Procuradora Madigan es Elizabeth Olvera quien les decía a sus clientes que ella podía asesorarlos en asuntos de inmigración, preparar y presentar solicitudes de estatus migratorio y obtener registros del gobierno. Olvera representó falsamente y aseguró a los consumidores que tenía contactos dentro del gobierno federal que podrían agilizar el proceso de solicitud.

La demanda alega que Olvera cobró más de $31,000 a por lo menos tres consumidores. Estas cantidades excedieron el límite legal establecido por las reglas estatales.

Cuando la gente se dio cuenta de que los servicios de Olvera eran una estafa, aceptó proporcionar reembolsos completos, pero solo ha reembolsado $180 de los más de $31,000 que recaudó. Además, Madigan alega que Olvera violó la ley estatal en nunca proporcionar contratos por escrito y no informar a los consumidores sobre su derecho a cancelar su contrato dentro de 72 horas o su derecho a que le devolvieran sus documentos.

La alerta de la Procuradora

Lisa Madigan dijo a la comunidad indocumentada que no tengan miedo de denunciar las estafas porque su oficina no pregunta por estatus migratorio a los denunciantes.

La acción de su oficina son dos demandas separadas contra las dos mujeres porque proporcionaron asesoramiento sobre inmigración ilegalmente y estafaron por lo menos a cinco residentes de Illinois con casi $35,000, luego de convencerlos de reunirse con ellas en estacionamientos o restaurantes.

Madigan entabló una demanda en el Condado de Cook contra Olvera y una segunda demanda en el Condado de Winnebago contra “Dina” Romero, alegando en ambos casos que las mujeres operaban estafas de asistencia de inmigración, costándoles miles de dólares a inmigrantes por servicios fraudulentos y no autorizados.

“Las acusadas explotaron el miedo y la confusión que experimentan muchos inmigrantes para tomar su dinero,” dijo Madigan. “Les urjo a las personas a que, independientemente de su estado legal, se comuniquen con mi oficina para obtener información sobre ayuda legal de inmigración legitima o si han sido víctimas de fraude. Mi oficina no pregunta sobre el estado migratorio”.

LA LEY DE ILLINOIS EXIGE

Lo que debe saber

Se requiere que los proveedores de servicios de inmigración se registren con la Oficina de la Procuradora General.

A menos que sean abogados con licencia o una organización sin fines de lucro reconocida por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA por sus signas en inglés). Además de estos requisitos reglamentarios, los proveedores de servicios de inmigración deben:

1. Proporcionar a los consumidores un contrato por escrito en inglés y en su lengua materna;

2. Proporcionar a los consumidores un derecho a cancelar el contrato dentro de tres días; y

3. Devolver todos los documentos al consumidor al pedirlos.

Si a los inmigrantes les preocupa viajar a su país de origen, deben buscar asistencia legal legítima y de buena reputación, incluyendo comunicándose con su oficina consular local.

Para obtener más información sobre las últimas órdenes ejecutivas de inmigración, sus derechos y qué hacer, visite la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, o la Unión Americana para las Libertades Civiles.

Para presentar una queja contra un proveedor de servicios de inmigración, visite el sitio web de la Procuradora General Madigan, comuníquese con su línea directa en español al 1-866-310-8398. Para obtener más información sobre el fraude por los proveedores de servicios de inmigración, visite el sitio web de Madigan.

Los Subprocuradores Cecilia Abundis y Oscar Piña están manejando estos casos para el Departamento de Fraude al Consumidor de la Procuradora General Madigan.