Piden a la comunidad hispana de Condado de Lake.

Activistas aseguran que el anuncio de represalias migratorias por usar la ayuda pública no debe obligar a los inmigrantes a cortar de inmediato los servicios públicos que reciben.

POR EDUARDO ALEGRIA

“Su salud y bienestar familiar pueden ponerse en riesgo innecesariamente si cierran sus casos por temor a no poder resolver su situación migratoria en el futuro”, dijo a NUEVA SEMANA María Elena Jonás, presidenta y fundadora de Hispanic American Community Education & Services (HACES) de Waukegan.

Esta activista se suma a las voces que piden a la comunidad hispana que no se asuste por los anuncios de represalias, como lo hicieron esta semana activistas de grupos de Chicago, así como el comisionado del Condado de Cook, Jesús “Chuy” García, el senador estatal Antonio Muñoz, las representantes estatales Theresa Mah y Elizabeth Hernández, y representantes del hospital Sinaí y la clínica Alivio del barrio de Pilsen.

Como es obvio estos defensores de los inmigrantes han rechazado la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de hacer más dura la ley de “carga pública”, para los turistas que vienen a Estados Unidos y los que se han quedado a vivir aquí ilegalmente. Esta propuesta aumentaría la potestad del gobierno de negar visas o residencia permanente a inmigrantes si ellos o miembros de su familia se benefician de programas como Medicaid, cupones de alimentos, ayuda para vivienda, entre otros. (Ver lista completa en recuadro “Los beneficios prohibidos”).

Aclaración

“La propuesta del DHS todavía no es una ley, todavía hay chance de oponernos a ella en las reuniones de información que el gobierno está obligado a realizar para escuchar a la comunidad. Allí vamos a pelear en todos los niveles, y si perdemos, todavía quedan los tribunales para que se haga justicia y se defiendan los derechos de los inmigrantes”, dijo Jonás.

La activista se refiere a que la propuesta se publicará en el Registro Federal en las próximas semanas y habrá un “período de gracia” de 60 días para escuchar testimonios públicos.

La activista recomendó a la comunidad que se informe adecuadamente antes de tomar una decisión como suspender alguna ayuda que recibe para sus hijos o miembros de su familia. “No deben cerrar sus casos sólo porque tienen miedo de ser castigados. Es peligroso que dejen a sus hijos sin ayuda médica o servicios elementales para ellos”, dijo.

“Lo que deben hacer es acercarse a cualquier organización comunitaria para pedir un consejo legal, o si pueden paguen a un abogado que examine sus casos y le digan qué es lo más conveniente para ellos”, recomendó. “Lo que pasa es que hay mucho miedo, desinformación y confusión en la comunidad”, agregó.

A tomar en cuenta

Sin embargo, de acuerdo a expertos en inmigración que asistieron a una reunión convocada por la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), si se aprueban esas propuestas se podría ver afectados aquellos que están esperando un pedido de residencia permanente.

Esa posibilidad tiene aterrada a Doña Justina Carranza del suburbio North Chicago. “Hace un mes me enviaron una carta de la oficina de Inmigración porque mi esposo me está reclamando para arreglar mis papeles. Ahora tengo mucho miedo porque mis dos hijos reciben Medicaid desde que nacieron y yo recibí WIC (programa de beneficios de alimentos)”, dijo a NUEVA SEMANA.

Como ella, también tienen miedo aquellos que están en proceso de obtener la ciudadanía pues la mayoría de ellos, que son de bajos recursos, de una forma u otra a recibido ayuda del gobierno para alimentos o seguro de salud.

Indocumentados

De acuerdo a estos expertos de la ICIRR, los que no se verían afectados en estos momentos son los inmigrantes que no tengan papeles en el país pues no tienen programada entrevistas con la Oficina de Inmigración, por lo tanto no van a ser objeto de escrutinio.

“Yo esperaré tranquilo y sin meterme en problemas con la ley a que se vaya este gobierno antiinmigrante, pues estoy seguro que en dos años tendremos otro presidente y otro Congreso que anulará todas estas medidas antiinmigratorias”, dijo Juan, un indocumentado que también vive en North Park.

Situación de los DACA

Según estos expertos, los que sí están en riesgo son los más de 600,000 beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) porque muchos reciben ayuda por sus bajos recursos pues serían vistos como una 'carga pública'.

“El gobierno sostiene que la comunidad inmigrante paga impuestos y usan los beneficios públicos prácticamente con la misma frecuencia que los estadounidenses nacidos aquí”, publicó hace unos días el diario Chicago Tribune.

EN CONDADO DE LAKE

Organizaciones en acción

María Elena Jonás, presidenta y fundadora de HACES de Waukegan, revela que los activistas se están organizando para defender a los inmigrantes.

“Las organizaciones estamos comunicadas, estamos unidas porque hay una enorme preocupación por lo que está ocurriendo. Estamos claros con lo que esta pasando con la comunidad que recibe muchas noticias que la confunden”, dijo a NUEVA SEMANA.

“Estamos experimentando mucha confusión en la gente, y a pesar de que todavía no nos hemos reunido los activistas del Condado de Lake para hacer un plan de acción, sí estamos comunicados analizando el miedo y preocupación delagente. Muchos no saben que hacer y están cancelando sus beneficios públicos”, dijo.

“Esto es algo nuevo y grave. Es un cambio muy drástico porque pone en peligro todo el trabajo de años de las familias, pone en riesgo su seguridad, su estabilidad emocional por el temor de perderlo todo, Es gravísimo lo que está ocurriendo”, agregó.

Jonás dijo que todas las organizaciones están animando a la gente a que siga recibiendo sus beneficios para los que han calificado ya que tiene derecho porque pagan impuestos. “Aunque no tengan documentos los padres, los hijos sí califican para varios programas porque nacieron aquí”, dijo.

Indicó que los indocumentados no reciben beneficios porque simplemente no califican. “No tienen de qué tener miedo y además los residentes legales que tienen menos de 5 años, tampoco tienen derecho a beneficios del gobierno”, dijo.

“Allí es donde las organizaciones como HACES hacemos el trabajo informando a las familias lo que les corresponde hacer. Por eso recomiendo que la gente visite una de estas organizaciones en su comunidad para pedir ayuda. A nosotros nos queda educar a la gente”, concluyó.

ORGANIZACIONES

Hispanic American CommunityEducation&Services (HACES)

820 W Greenwood Ave. Waukegan IL 60087

(847) 244-0300

Mano a mano

6 E MainSt, Round Lake Park, IL 60073

(847) 201-1521

TheCommunity CenterCatholicCharities

914 8th ST.,  Waukegan IL 60085

(847) 775-0858

DE ACUERDO AL BORRADOR DEL DHS

Los beneficios “prohibidos”

Estos son los subsidios que serían factores negativos cuando solicite la residencia permanente o la ciudadanía.

• Subsidios para seguros médicos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare

• Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) del Seguro Social

• Asistencia temporal para familias (TANF)

• Cupones para la comida (SNAP)

• Seguro médico para niños del programa CHIP para sus hijos

• Uso de servicios de Head Start para sus hijos

• Asistencia nutricional para mujeres, infantes y niños (WIC)

• Asistencia del gobierno estatal o local en efectivo

• Medicaid Parte D

• Asistencia de energía

• Asistencia de vivienda

Cabe precisar que los inmigrantes no serían castigados por beneficios que hayan recibido previamente, solo estarían en riesgo por los servicios utilizados después de que la regulación entre en vigor.El documento aún no ha sido publicado por el USCIS para que entre en rigor.

Photo 689: Lupita Canales, ofreciendo asesoría legal.

Photo 198. Maria Elena y el maestro Tom Kimmel celebrando con la Sra. Crucita quien recientemente obtuvo su ciudadanía.

Photo 235. Maria Elena llevando las preocupaciones de la comunidad al congresista Brad Schneider